En torno a 12.000 conductores profesionales de Balears deberán obtener la cualificación inicial y la formación continua que impone el real decreto emitido por el Gobierno en julio y que supondrá una inversión económica de 1′3 millones de euros al año en cursos de formación.

Dicho decreto, que obliga a los conductores profesionales a obtener un certificado de aptitud profesional (CAP) compuesto por una formación inicial y una formación continua, afecta en torno a 600.000 personas en toda España y supondrá un gasto en formación de unos 100 millones de euros, ha asegurado el responsable de la CETM.

Son los conductores de autobuses y vehículos de transportes de mercancías a partir de 3.500 kilogramos de masa autorizada y, en el caso de Balears, se reparten entre unos 6.500 de mercancías, unos 2.700 de transporte privado y unos 2.800 de transporte de viajeros.

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