El real decreto que regula el tiempo de trabajo para los transportistas por carretera que entró en vigor la semana pasada ha enfrentado a las patronales del sector. CETM ha declarado a este periódico que impugnará la norma ante el Tribunal Supremo en septiembre. ‘Deja fuera a los autónomos, empeora las condiciones de la directiva europea y reduce la competitividad de las empresas españolas’, denuncia la patronal.

Las dos patronales del transporte mayoritarias están enfrentadas. Después de tres años de negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales (que se rompieron por falta de acuerdo) la transposición de la directiva europea sobre tiempos de trabajo en el transporte por carreteras no acaba de agradar a todos. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) anunció a este periódico que impugnará en septiembre ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 902/2007 que desarrolla la directiva.

La patronal, que representa a 35.000 empresas, argumenta que la norma tiene ‘poco sentido’ y empeora las condiciones de la comunitaria. También solicitarán la suspensión cautelar de los efectos de una norma que ya recurrió la sección catalana de esta patronal el 31 de julio.

Por su parte, Fenadismer, que agrupa 25.000 empresas del sector, defiende la transposición de la normativa comunitaria y no entiende los lamentos por el nuevo Real Decreto: ‘Si viene a decir lo mismo que el reglamento anterior de 1995 y antes nadie se quejaba’, explica su presidente, Julio Villaexcusa que ve incluso ‘ciertos intereses en los que ahora no están de acuerdo con la norma’.

El texto, que según Fomento combatirá la siniestralidad laboral (en 2005 murieron 259 transportistas) y aumentará la seguridad vial, ‘genera desigualdades entre empresas que trabajan en el mismo mercado porque deja fuera a los autónomos’, denuncia Miguel Pereira, abogado de CETM.

Los autónomos, el 35% de los transportistas según UGT, no están incluidos en el real decreto, así la transposición ‘cae en contradicciones’ porque mejora las condiciones de trabajo ’sólo’ para los asalariados.

Otro de los puntos polémicos es que, a pesar de que los transportistas intentaron que la directiva de mínimos no se endureciese, la Administración ‘ha puesto más restricciones que otros países’, según CETM, que considera que afecta a la competitividad española. Un ejemplo es el ‘tiempo de disponibilidad’ en la directiva que en el Real Decreto se denomina ‘de presencia’. Mientras la directiva no pone límites, el Gobierno estableció un máximo de 20 horas semanales, lo que ‘comporta graves perjuicios’, dicen en CETM.

Fuente: cincodias.com